viernes, 23 de mayo de 2008

LA RETENCIÓN BUENA Y LA RETENCIÓN MALA - Por Carlos M. Duré

El poder de los empresarios rurales para defenestrar gobiernos, pedazos de gobiernos, políticas agrarias completas o en trozos es histórica y proverbial. La determinación de los rurales para enfrentar a empresas transnacionales del rubro en defensa de sus intereses directos es nula.

El 17 de octubre de 2005, CA dio noticia de la disputa entre la megasemillera Monsanto y todas las organizaciones rurales que hoy se enfrentan con el gobierno peronista de la presidente Cristina Fernández a causa de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas.

El entuerto entre Monsanto y los rurales se originaba en la pretensión de la empresa de cobrar retenciones a la producción de entre un 2 y un 3% / Tn por campaña (2007/2008 respectivamente y en adelante) en virtud de la propiedad intelectual de la tecnología RR de la soja genéticamente modificada.

Al principio, la SRA, CARBAP, CRA, CONINAGRO y FAA, unísono, repudiaron la pretensión de la empresa norteamericana.

Aunque Monsanto no tenía patentada su tecnología en la Argentina, invocaba el convenio UPOV ( Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) 91 que favorece la propiedad intelectual de las extracciones vegetales. Dicho convenio había sido suscripto por el flamante presidente argentino Carlos Saúl Menem.

Los productores del campo le replicaban con la Ley de Semillas 20 247, de efecto jurisdiccional, reforzada por el tratado internacional UPOV 78 que garantiza al productor la propiedad y libre disponibilidad de la simiente.

Con la intención de presionar sobre el Estado argentino - y a través de éste al gremio patronal del campo -, Monsanto trabó embargo de tres cargamentos de soja en España, Holanda y Bélgica. Pero, más allá del efecto de medidas cautelares que impidieron durante unos días la descarga de los buques graneleros (incrementando el costo de estadía y consecuentemente los costos de importación), finalmente perdió los litigios.

¿Cuál era la posición del gobierno argentino en el conflicto? La del fiambre en un emparedado. Mientras ante los rurales más quisquillosos (FAA decía que el entonces Secretario de Agricultura y Ganadería, Miguel Campos, era un operador de Monsanto) el gobierno acusaba a la empresa norteamericana de patotera por querer cobrar por la fuerza algo a lo que no tenía derecho, en el mismo día, a la misma hora y dentro de la misma frase, el funcionario epónimo destacado por el entonces ministro de economía, Roberto Lavagna, decía: "Estimamos que antes de fin de año (2005) llegaremos a un acuerdo para dictar una norma aclaratoria del derecho al uso propio como parte del esquema destinado a ordenar el sistema de pago de regalías".

Las características del acuerdo las precisaron las CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) que sostenían que debía hacerse por consenso (rurales, gobierno y empresa),y, para su futura intangibilidad, por ley.

El gobierno transigió en todo menos en esto último. Pues mediante la resolución 338 del Ministerio de Lavagna, el secretario Miguel Campos puso un límite al "uso propio" de semillas estatuido en la ley 20 247.

Entre gallos y medianoche, en la segunda quincena de diciembre 2005, Monsanto presentó su tecnología RR en el Registro de Patentes y, con un silencioso consenso de todas las asociaciones rurales y el gobierno, se le admitió la patente.

A partir del 31 de diciembre del 2005 toda nueva hectárea sembrada con soja pagaría regalías a la empresa extranjera.

Hasta esa fecha se beneficiaban con el uso propio de semillas 15 millones 335 mil ha. En el 2006/07 llegaron a 16. 1 millones de ha. La diferencia ye empezaba a embolsársela Monsanto. Con los precios internacionales actuales de la soja y el área nueva sujeta a pago de regalías según la Resolución 338 del Ministerio de Economía (700 000 ha.), de regir el 3%/T., el botín rondaría los us$ 90 millones/año.

En resumen, los agricultores protestatarios, medianos o chicos, aun contra sus propios intereses, han aceptado pagar retenciones a una transnacional privada al tiempo que repudian las que impone el Estado. Aquellas tienen por destino una cuenta bancaria -acaso extranjera- y éstas, según se declara desde el gobierno, un fondo de redistribución de las riquezas.

(Fin de la carta)



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