EL BANCO MUNDIAL PROVOCA LA DESINVERSIÓN EN ENERGÍA EN LA ARGENTINA

Por Carlos M. Duré

El representante argentino ante el Banco Mundial, Alieto Guadagni, informó a la prensa que el organismo multilateral de crédito analiza la posibilidad de acordarle un préstamo de us$ 3000 millones a la Argentina el 80% del cual sería destinado a obras viales y educación rural.

Radio Nacional Argentina informó el 14/12 que el BM habría excluido del eventual crédito la infraestructura energética aduciendo que las bajas tarifas impedirían el recupero genuino del dinero prestado. Recuérdese que tanto el FMI como el BM presionan continuamente desde el 2002 - año de la crisis y devaluación del peso argentino - por el aumento de tarifas energéticas en beneficio de las empresas privadas a cargo del valioso insumo.

Desde la devaluación del 2002 - Eduardo Duhalde a cargo de la presidencia, Roberto Lavagna en economía y Alieto Guadagni en energía -, el FMI y el BM exigían un ajuste de tarifas del 48 % (condición insoslayable para renegociar la deuda externa) y las empresas energéticas el 175 %. A los efectos de no contrariarlos demasiado, el gobierno efectuó un ajuste del 30 % que en el área electrica afectó principalmente a los grandes consumidores.

Ahora bien, desde que asumió Néstor Kirchner, cada primavera, tanto los organismos de crédito como las empresas generadoras y transportadoras de electricidad redoblan sus reclamos de aumento de tarifas amenazando con el desabastecimiento por falta de inversión.

Pero el año pasado, los reclamos se desencadenaron en invierno. El 3 de julio, el presidente de TGS (Transportadora de Gas del Sur integrada por Techint y la norteamericana AES Corp), el señor Phillips, previendo un crecimiento anual del consumo de energía del 5 % (actualmente, más del 7 %) propuso la siguiente política estatal para el área: una inversión inicial de us$ 3000 millones más us$ 800 millones/ año para mantenimiento.

En declaraciones simultáneas, el ex secretario de energía del gobierno de Raúl Alfonsín y actual consultor de las energéticas extranjeras, Daniel Montamat, repetía argumentos y cifras de la inversión estatal reclamada.

En septiembre del mismo año y mientras ya se murmuraba el desabastecimiento estival, la señorita Marianne Fay, economista principal del Banco Mundial en infraestructura para América Latina y el Caribe, elaboró un informe para la institución sobre éste tema que dice: "la inversión total en infraestructura, tanto pública como privada, descendió de aproximadamente 3,7% del PIB en 1980-1985 a 2,2% del PIB en 1996". Y saca la conclusión supina: "el interés del sector privado respecto del gasto en infraestructura ha disminuido y no muestra señales inmediatas de recuperación, dada la inapetencia de los inversionistas por áreas como la infraestructura y los mercados emergentes".

En resumen, el BM no lee sus propios informes. Y si los lee retuerce su lógica hasta hacerla encajar en los intereses de las corporaciones transnacionales.

Sabiendo del informe de miss Fay, le exige al gobierno argentino inversión en infraestructura energética (un eufemismo de aumento de tarifas subsidiadas) y le niega un préstamo destinado a tal efecto bajo el pretexto de que no habrá un reembolso genuino porque, vaya la paradoja, las tarifas de las empresas privadas son bajas. Cualquier neófito se da cuenta que se invierten los roles: el BM y las empresas privadas le piden, ya no un préstamo, sino un subsidio al gobierno argentino, que fue por lana y salió trasquilado.

(Fin de la carta)

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